A partir del 3 de abril de 2025, entra en vigor una importante reforma legal que marcará un antes y un después en la convivencia dentro de muchas comunidades de propietarios. Esta nueva normativa otorga a los vecinos un papel decisivo en la autorización de viviendas de uso turístico en sus edificios, un tema que llevaba años generando conflictos y división en numerosas fincas urbanas.
¿En qué consiste esta reforma?
La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal establece que, para que un propietario pueda destinar su vivienda al alquiler turístico, deberá contar con la aprobación expresa de al menos tres quintas partes del total de propietarios del edificio, que a su vez representen el mismo porcentaje de las cuotas de participación. Esta medida busca evitar la proliferación descontrolada de pisos turísticos en comunidades donde la mayoría de vecinos no están de acuerdo con esta actividad.
Nuevas herramientas para las comunidades
Además de poder vetar el uso turístico de una vivienda, las comunidades de propietarios podrán establecer cuotas especiales o incrementos en los gastos comunes para aquellos vecinos que exploten su propiedad como alojamiento turístico. Este recargo podrá llegar hasta un 20% adicional sobre la cuota ordinaria, compensando así el posible desgaste de zonas comunes, el uso intensivo del edificio y los gastos derivados de la actividad.
¿Afecta esta reforma a los pisos turísticos ya existentes?
No. Uno de los aspectos clave de esta nueva legislación es que no tiene carácter retroactivo. Esto significa que aquellos pisos turísticos que ya estuvieran operando legalmente antes del 3 de abril de 2025 no se verán afectados por esta modificación, siempre que cumplan con la normativa vigente hasta ese momento.
¿Por qué se ha aprobado este cambio?
El auge del turismo urbano ha traído consigo un crecimiento exponencial de las viviendas turísticas, sobre todo en grandes ciudades y zonas costeras. Sin embargo, esta expansión ha generado numerosas quejas por parte de vecinos que denuncian ruidos, inseguridad, pérdida de intimidad o incluso encarecimiento del coste de vida en sus barrios. Con esta reforma, el legislador busca equilibrar los intereses económicos de los propietarios con el derecho a la convivencia y la tranquilidad del resto de residentes.
Implicaciones para propietarios e inversores
Para quienes estén pensando en adquirir una vivienda con fines turísticos, esta reforma introduce un factor clave a tener en cuenta: no bastará con cumplir la normativa urbanística y obtener la licencia correspondiente; también será necesario contar con el apoyo de la comunidad. Esto obliga a analizar con mayor detalle el perfil de cada edificio, su composición vecinal y las decisiones que puedan haberse adoptado en juntas anteriores.
